1 de Diciembre de 2010 por Juan Carlos Hidalgo

Mientras el gobierno clama por el respeto a la legalidad en foros internacionales para resolver el conflicto con Nicaragua, este lunes en la Asamblea Legislativa se aprobó uno de los presupuestos más ilegales en tiempos recientes. Peor aún, no solo el plan nacional de egresos del 2011 viola la ley, sino que también aumenta significativamente el gasto público en tiempos de crisis y por lo tanto nos empobrece.

El flamante presupuesto del 2011 equivale a ¢5.5 billones. De este total, un 46% corresponde a endeudamiento, es decir, de cada ¢2 que el gobierno gaste el próximo año, casi que ¢1 lo tendrá que pedir prestado. Mucho de este endeudamiento irá destinado a financiar gastos corrientes (salarios, equipo de oficina, etc.), en contraposición a lo establecido en el artículo 6 de la Ley de Presupuestos Nacionales, que indica que el Estado no podrá enjaranarse para pagar gastos corrientes. La administración Chinchilla trató de brincarse esta prohibición legal con un galimatías: catalogó que los gastos en educación, salud y vivienda son “inversión”, y por lo tanto están exentos de la prohibición del endeudamiento. Sin embargo, como dice el dicho, “la mona aunque se vista de seda, mona se queda”. El presupuesto es ilegal a todas luces.

Además, este plan de egresos nos empobrece ya que aumenta significativamente el gasto público en Costa Rica. El presupuesto en vigencia aprobado el año pasado es de ¢4.6 billones, lo que representa un 24.6% del PIB de este año. El presupuesto del 2011 crece con respecto al del 2010 en aproximadamente 14.5% en términos reales, y sube el gasto público a un 27.1% del PIB (utilizando las estimaciones del BCCR para el PIB del próximo año). Ya que el presupuesto ordinario no es el monto final del total de egresos del Estado en un año (están los presupuestos extraordinarios también), existe la posibilidad de que el gasto público rompa el próximo año la barrera del 30% del PIB.

Este presupuesto nos catapulta cada vez más cerca al nirvana socialdemócrata de un Estado que gasta a manos llenas como en los países escandinavos. Lo doloroso es cómo se financiará este gasto. Ayer trascendió que Hacienda pretende cambiar el actual impuesto de ventas a un impuesto al valor agregado que cubriría todos los servicios (incluyendo educación y salud) y que además aumentaría la tasa del 13% actual al 15%. El ministro Herrero incluso no descarta que la tasa sea hasta mayor al 20% (¡Bienvenidos a Europa!). La tasa general del impuesto de renta permanecería en un 30%, y se incluiría una tasa del 15% que gravaría intereses, dividendos, ganancias de capital, etc. Según los amantes de los impuestos, todos esto, por supuesto, nos hará igual de ricos que Europa, un continente cuyo modelo fiscal es digno de copiar en este momento.

Mayor endeudamiento público también significa mayores tasas de interés, ya que el Estado acapara el crédito y deja menos disponible para el sector privado. Justo lo que necesita el sector productivo en estos momentos en que la economía coquetea con una recaída en la recesión: más impuestos y mayores tasas de interés.

No puedo terminar este comentario sin sacar a relucir que este presupuesto ilegal y despilfarrador fue aprobado gracias a los votos del Movimiento Libertario. El otrora partido que defendía la racionalización del gasto, menores impuestos y el respeto a la ley en materia presupuestaria ha morfado en un apéndice del partido de gobierno. Según me dicen, algunos de sus diputados incluso aseguraron partidas específicas en el presupuesto. Al apoyar este presupuesto, el ML ha perdido toda autoridad moral para oponerse a nuevos impuestos. ¿O es que creen que el gasto se financiará con maná caído del cielo?

 

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